ABC.- Vejaron y amenazaron a Sergi con machetes, cuando tenía 13 años, en el patio de su instituto en Vallirana (Barcelona)
Si hubiese funcionado el protocolo contra el acoso escolar, la violación se podría haber evitado. Esa idea atormenta a los padres de Sergi. El calvario del pequeño con asperger comenzó cuando tenía 13 años. Fue en 2018 cuando verbalizó por primera vez que sufría ‘bullying‘. «Danos 5 euros y videojuegos o tendrás problemas». «Me quedo con tu bocadillo, Frankestein». «Es el retrasado autista». Su madre, Pilar Joan, se puso en contacto con la dirección del centro, el instituto Verge del Roser de Vallirana (Barcelona), después de que en septiembre su hijo le dijese que no quería volver. Quitando las dificultades para la interacción social que presentan las personas con este síndrome, Sergi era un chico como los demás. Jugaba al fútbol como portero y sacaba buenas notas. Volvió a clase «temblando de miedo», cuenta su progenitora a este diario, pero desde la escuela le garantizaron que habían tomado medidas para protegerlo de sus abusadores. Para ello organizaron charlas y trabajos en grupo para concienciar al resto de alumnos, pero no sirvió de nada.
A finales de ese año, Pilar presentó la denuncia contra los agresores de su hijo. Un mes antes, el niño le había explicado que varios compañeros de 3ª de la ESO, de 14 y 15 años, lo insultaban y maltrataban. «Dumbo. Eres raro, no tienes amigos. Jorobado de Notre Dame». Si no llevaba el dinero o los objetos que le exigían, le mordían. Ella decidió llevarlo a urgencias del Hospital Sant Joan de Déu, donde el psiquiatra le recetó ansiolíticos por su estado de angustia. Sergi se negaba a volver al instituto, pero sus padres insistieron, y volvió a clase, aunque de forma intermitente.
Fue después de notarlo «más nervioso de lo habitual», explica la madre, al ver que en ocasiones, por la noche, perdía el control de los esfínteres, que buscaba cualquier excusa para no ir a los partidos y que se lavaba los brazos de forma compulsiva mientras decía: «Qué asco, qué asco», cuando volvió a preguntar a su hijo por los abusones. Paseaban por un centro comercial cuando, el 15 de diciembre de 2018, el niño relató como, en al menos tres ocasiones, entre finales de octubre y principios de noviembre, cinco compañeros de instituto lo habían violado —tal y como consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC—. Lo hicieron en el patio del centro, en una zona apartada, bautizada como «la pradera». Sus agresores llevaban machetes en la mochila, arma con la que lo amenazaron para someterlo, contra su voluntad, a todo tipo de prácticas aberrantes.
Cuatro acusados
Son cuatro los adolescentes que tendrán que sentarse en el banquillo del Juzgado de Menores 6 de Barcelona este 18 de octubre, acusados de delitos contra la integridad moral, agresión sexual con acceso carnal y violación. La acusación particular pide para ellos cuatro años de internamiento en régimen cerrado y la Fiscalía tres -el máximo en esta jurisdicción para los delitos más graves es de cinco años-.
Tras lo ocurrido, Sergi dejó la escuela para estudiar en casa con un tutor, con la pertinente autorización de la Inspección Educativa. También comenzó su tratamiento psicológico. Llegó a decirle a su padre que quería subirse al tejado para tirarse al vacío. «No salíamos de casa, tomaba ocho pastillas al día. Llegaron los intentos de suicidio y las autolesiones», recuerda Pilar, «ha sido un calvario». Miedo a salir a la calle, angustia y ansiedad. También síntomas depresivos, de los que todavía no se ha recuperado. La familia lamenta además, la inacción del centro. Y es que según el relato del propio menor, que ahora tiene 17 años, la directora, consciente de que éste sufría ‘bullying’, le pidió que no contase nada de lo ocurrido. Consultada por este diario, la directora del instituto, Anna Fernández, rechazó pronunciarse al respecto, aunque desde el centro subrayan que se aplicaron los protocolos contra el acoso. En caso de una eventual condena a los agresores de Sergi, el Verge del Roser solo tendrá que responder como responsable civil subsidiario, es decir, hacer frente a una posible indemnización en caso de que así lo determine el juez.
Sin testigos ni ADN
Lo cierto es que, tal y como indica el abogado de la familia, Juan Manuel Ruiz de Erenchun, «se reaccionó tarde». Los Mossos d’Esquadra no acudieron al colegio por instrucción de la Fiscalía de Menores, hasta dos meses después de que Pilar formalizase la denuncia. Para entonces, no había ni rastro de lo ocurrido en los teléfonos móviles de los presuntos agresores, que la madre eleva a once, al contar también a quienes ejercían tareas de vigilancia durante los abusos que también grababan. De hecho, la progenitora apunta que ese grupúsculo lo integraban también dos niñas
No se ha localizado ADN de los posibles autores en la ropa de la víctima, porque contó lo sucedido semanas después y las prendas ya se habían lavado en varias ocasiones. La acusación tampoco cuenta con testigos. En el juicio será la palabra de Sergi —en este caso, una grabación, la de la prueba preconstituida para evitar la llamada revictimización— contra la de los cuatro procesados.
Por ello, el letrado confía en los informes forenses del juzgado. Evaluaciones que certifican que el discurso de la víctima es «coherente, con un relato estructurado, sin discrepancias ni contradicciones», y que avalan que «no existen evidencias de fabulación o sugestión externa» en su relato. En vísperas del juicio, lo que más inquieta a Sergi —que ahora cursa Bachillerato de forma presencial en otro centro— no es el potencial castigo al que puedan enfrentarse sus agresores, sino que le crean. «Le preocupa que duden de su palabra, no entiende cómo no le creen», relata su madre.
La reivindicación de la familia va más allá del caso de Sergi. Quieren Justicia y una condena para sus agresores, pero también que se implementen mecanismos efectivos contra el ‘bullying’. Desde la asociación No al Acoso Escolar, su presidenta, Carmen Cabestany, censura la «invisibilización de este tipo de maltrato, que va más allá de insultos y peleas». Por ello, insta a desplegar el decálogo que aprobó la Cámara catalana en 2020, entre cuyos puntos se incluyen obligar a todos los colegios a contar con un plan de prevención efectivo, así como formar y concienciar al profesorado, haciendo que sea también una materia de estudio en la carrera, además de informar a los padres, tanto de víctimas como de victimarios, para que puedan actuar correctamente y con rapidez. También implementar campañas de sensibilización contra el ‘bullying’.