ABC.- Amnistía Internacional denuncia el «enorme riesgo de impunidad» de los responsables de los 37 «homicidios ilegítimos» del pasado 24 de junio en la frontera.
Un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) señala racismo y encubrimiento por parte de los gobiernos de España y Marruecos en la tragedia de Melilla. La organización ha publicado este martes una investigación que revela, por un lado, que las fuerzas de seguridad españolas cometieron -o ayudaron a cometer- crímenes contra los derechos humanos en la frontera y que una parte significativa de las muertes se produjo por la acción conjunta con los agentes marroquíes; y por otro, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tratado encubrir los hechos.
El Ejecutivo español «no ha iniciado de oficio ninguna investigación, ha exonerado de responsabilidad a las fuerzas de seguridad de ambos países y no ha procesado -ni siquiera investigado- a nadie. Además, colabora a regañadientes con las investigaciones en curso y ha desechado otras como la parlamentaria. Tampoco se ha interesado por los desaparecidos ni por los condenados y lo que es peor: ha hecho declaraciones falsas«, explicaba al comienzo de la presentación del documento a los medios Esteban Beltrán, director de AI en España.
La investigación de un consorcio periodístico ya puso en duda hace un par de semanas la versión del Ministerio de Interior, que niega la muerte muerte en suelo español de uno de los refugiados. AI corrobora esa versión y eleva a 37 el número de «homicidios imprudentes». Aun más, las muertes no se produjeron solo al caer la valla, sino «por la acción coordinada de más de dos horas de acoso a más de 400 personas encerradas sin posibilidad de huir», explica Beltrán.
Desde la organización, acusan a Interior de proporcionar información inexacta y falsa así como de tratar de minimizar los hechos en suelo Español, cuando la realidad fue otra. «La ayuda médica no fue rápida o se les negó por completo, lo que causó dolor y sufrimiento. No se permitió el acceso de la Cruz Roja a la zona ni existió ninguna respuesta de salud pública en el lugar de los hechos», declaran. Ni antes ni después del asalto masivo a la valla: «Los [agentes] españoles no ayudaron en modo alguno una vez concluida operación policial».
Un riesgo enorme de impunidad
Gracias a la falta de investigaciones imparciales y exhaustivas, el riesgo de que esta violación de derechos humanos y omisión de socorro «quede en la impunidad es enorme». Además inciden en que los asaltos masivos de inmigrantes constituyen un problema de fondo: la falta de políticas migratorias que eviten estas crisis de derechos humanos. Unas políticas centradas en la militarización y la externalización de los servicios fronterizos, que «toleran implícita y explícitamente la muerte de migrantes». «[A los inmigrantes] no les queda más remedio que saltar la valla» porque «es prácticamente imposible pedir asilo con garantías en la frontera de Melilla entre España y Marruecos», reconoce Agnès Callamard, secretaria general de AI.
La organización concluye se llevó a cabo un «uso excesivo de la fuerza que no era necesaria ni proporcional a lo que estaba ocurriendo» y que se cometieron «delitos extraordinariamente serios bajo el amparo del derecho internacional» cuyas consecuencias han sido la impunidad, la falta de reparación de familiares y sobre todo, el encubrimiento de la verdad.