Confilegal – Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, manifiesta en Confilegal su estupor ante esta inacción del Ejecutivo
Maite Pagazautundúa será ponente del informe parlamentario que pide la inclusión de los delitos de odio en la lista de eurodelitos, “bloqueado por Hungría y Polonia”.
La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha denunciado que la Presidencia española y el Gobierno de España, ahora en funciones, no han incluido en su lista de prioridades la lucha contra los delitos de odio en la Unión Europea, “lo que podría dejar en suspenso el dossier hasta 2025, pasadas las presidencias húngara y polaca”.
“Un retroceso en la lucha contra los delitos de odio”, critica Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, máximo experto en España en esta materia y secretario general del Consejo de Víctimas de delitos de odio y discriminación, que manifiesta a Confilegal su estupor ante esta inacción el Ejecutivo en Europa.
“Y más en el contexto de la vigencia del segundo plan de acción de lucha contra los delitos de odio que se realiza en España”, añade.
Según Ibarra, en nuestro país está creciendo la xenofobia y el odio ideológico, con más de 200 crímenes desde que hay democracia y 627 grupos violentos.
Pagazaurtundúa será ponente del informe del Parlamento Europeo que reclama retomar la negociación sobre los delitos de odio para incluirlos en la lista de “eurodelitos”, sobre los que hay una armonización a nivel europeo.
Esta iniciativa está bloqueada en el Consejo Europeo desde hace casi dos años, “debido a que países como Hungría y Polonia bloquean la adopción”, según señala esta eurodiputada de Ciudadanos.
La Presidencia francesa en 2022 incluyó este dosier entre sus prioridades y, aunque fue muy activa, no logró el consenso buscado. La Presidencia checa y la sueca no lo hicieron y no se produjo avance alguno.
“Todos esperábamos que España retomara este dosier porque había manifestado su interés en la lucha contra este tipo de delitos, pero mucho hablar en los medios de comunicación y poco hacer, ya que por razones que se desconocen, también ha decidido dejarlo aparcado”, denuncia Pagazaurtundúa.
“Una pena porque después sólo queda Bélgica, antes de las presidencias de Hungría y Polonia, dos países que, seguro, no serán los más abiertos para avanzar en esta materia”, apunta.
Maite Pagazaurtundúa afirma que “es una una pena porque la incitación al odio y los delitos motivados por el odio son delitos especialmente graves y afectan no sólo a las víctimas individuales y a sus comunidades, causándoles sufrimiento y limitando sus derechos y libertades fundamentales, sino también a la sociedad en su conjunto, socavando los cimientos de la UE”.
“Movimiento contra la Intolerancia pensaba que España se situaría a la vanguardia de estas reivindicaciones en la Unión Europea para la protección universal de las víctimas del delito de odio y no podemos entender el por qué de este frenazo”, declara Esteban Ibarra.
Pagazaurtundúa, que ha presentado esta semana su informe provisional ante la comisión de Libertades Civiles, ha hecho hincapié en que “no toda incitación al odio constituye un delito, pero contribuye a normalizar las manifestaciones de odio e intolerancia”.
“Hay otros instrumentos a nivel administrativo, educativo y social que podemos utilizar para combatir las manifestaciones de odio que no constituyen un ilícito penal. Necesitamos un ecosistema público menos demagógico. Menos tóxico a todos los niveles”, afirma.
Según expone, actualmente cada Estado miembro utiliza su propia fórmula para definir lo que es incitación al odio y delito de odio, y también sus propias penas.
Pagazaurtundúa subraya que es esencial que la Unión cuente con unas normas mínimas comunes en todos los Estados miembros.
Esta eurodiputada apuesta en concreto por “definiciones comunes que establezcan con claridad lo que debe ser perseguido penalmente y lo que debe combatirse por la vía administrativa o social”.
El actual marco de la UE sólo cubre la incitación al odio y los delitos motivados por el odio basados en la raza, el color de la piel, la religión y el origen nacional o étnico, por lo que, según Pagazaurtundúa, existe “una clara necesidad de abordar eficazmente la incitación al odio y los delitos motivados por el odio basados en el sexo, la orientación sexual, la edad y la discapacidad, entre otros”.
Esteban Ibarra recuerda que desde el año 2000 se viene reivindicando en distintos países europeos una Directiva por la igualdad de trato y no discriminación que afecte de manera integral en los ámbitos administrativo y civil, y que responda a las distintas manifestaciones de discriminación que puede sufrir una persona o colectivo por diferente condición.
“Esperemos que se retome la iniciativa y que haya compromiso ante este grave problema que azota a nuestras sociedades y que se está cobrando vidas”, manifiesta.
Esteban Ibarra coincide con Maite Pagazaurtundúa en que «si España no toma el timón de esta lucha contra los delitos de odio, vistos desde un enfoque universal, es una oportunidad perdida para la UE durante mucho tiempo”.