El País/Jesús García Bueno.- Un guardia civil acepta 15 meses de cárcel por publicar en Twitter el vídeo de una agresión ocurrida en China y atribuirla al colectivo
Un guardia civil se ha convertido en el primer condenado penalmente en España por difundir fake news (noticias falsas) para estigmatizar a un colectivo. J. M. publicó en su cuenta de Twitter el vídeo de una brutal agresión a una mujer y lo atribuyó a menores no acompañados de un centro de Canet de Mar (Barcelona). Era un bulo. La agresión se había producido, pero en China. El hombre ha aceptado 15 meses de cárcel por un delito contra los derechos fundamentales (”lesionar la dignidad de las personas por motivos discriminatorios”) pero no tendrá que ingresar en prisión: la pena ha quedado suspendida a condición de que no vuelva a delinquir y de que siga un curso de reeducación.
J. M. ha aceptado que, en julio de 2019, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter “movido por su animadversión y rechazo a los inmigrantes extranjeros de origen marroquí”. “Aquí tenéis el vídeo del MENA [sigla con la que se identifica, en ocasiones de forma despectiva, a los menores no acompañados] marroquí de Canet de Mar. A esos que le vamos a dar una paguita hasta los 23 años, los niños de Pedrito Piscinas. Por cierto, luego para más inri la viola, estos energúmenos y estas manadas de marroquíes no saldrán en los medios”. Unos días antes de la publicación, se había producido una violación en Canet a manos, presuntamente, de dos menores de un centro de acogida. Meses antes, algunos vecinos habían responsabilizado a jóvenes de ese centro de problemas de inseguridad en el municipio.
El mensaje iba acompañado de un vídeo que ponía los pelos de punta y que obtuvo casi 22.000 visualizaciones. En los 45 segundos de imágenes se observa cómo un hombre apalea a una mujer: le propina 15 puñetazos y siete patadas en la cabeza y la deja inconsciente. Después, el agresor le baja los pantalones y la arrastra por el suelo hasta un ángulo en que la cámara ya no capta lo que ocurre a continuación. Pero el autor de ese ataque no era un menor no acompañado. Los hechos ocurrieron en China y el vídeo fue difundido por las autoridades de ese país para identificar a su autor.
La sentencia, dictada con la conformidad de la Fiscalía y el acusado, concluye que el hombre difundió el vídeo “con manifiesto desprecio a la verdad” para “difamar de forma global e injusta a los menores no acompañados de otros países”, de manera que se asociara a estos chavales con “actos violentos y agresiones sexuales”. La difusión de mensajes como ese no hacen más que “aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos contra este colectivo” que, según recuerda el fiscal, está formado por personas “especialmente vulnerables”.
Además del bulo sobre la agresión, el perfil del guardia civil en Twitter contenía “múltiples publicaciones de naturaleza xenófoba y racista”, con informaciones “deformadas y/o falsas sobre los inmigrantes en general”. La mayoría de mensajes los publicó a lo largo del verano de 2019; uno de ellos iba acompañado de una cruz céltica (emblema usado habitualmente por grupos de ultraderecha) y de una frase pronunciada por el líder del Ku Klux Klan David Lane: “Debemos asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para los niños blancos”.
El caso prosperó gracias al impulso de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, que lo elevó a la Fiscalía. Durante la investigación, el hombre se prestó a borrar dos de sus perfiles en Twitter y recientemente (antes del juicio) ha borrado uno más, de Instagram. La sentencia de conformidad le impone 15 meses de cárcel, el pago de una multa de 1.620 euros y la inhabilitación para dedicarse a oficios relacionados con menores. La pena de prisión ha quedado en suspenso con la condición de que el guardia civil no abra nuevos perfiles de contenido discriminatorio y que siga un curso de reinserción enfocado en la no discriminación.
La persecución penal de los bulos en internet, especialmente cuando atentan contra colectivos vulnerables como los menores no acompañados, ha sido una batalla muy particular de un fiscal de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, que fue pionero en la lucha contra los delitos de odio. Además del caso que se ha sentenciado este martes, Aguilar pide dos años de cárcel para una mujer que en junio de 2019 publicó, en su cuenta de Twitter, el vídeo de la agresión de un grupo de alumnos contra su profesora. Los hechos tampoco fueron protagonizados por migrantes, sino que se correspondía con un incidente ocurrido en un aula de Brasil.