ABC.-Un tiktoker y estudiante de Medicina asegura que los profesionales de Urgencias del Hospital de Sagunto se negaron a escucharle si seguía hablando en valenciano.
El problema lingüístico sigue haciendo mella en la Comunidad Valenciana. Durante las últimas semanas se han registrado diferentes episodios de presunta discriminación por hablar uno de los dos idiomas oficiales de la región. En concreto, las tres denuncias más recientes han tenido lugar en el ámbito sanitario. La última, la de un popular tiktoker que relata haber sido desatendido en el Hospital de Urgencias de Sagunto por hablar en valenciano.
Xavi Rico, conocido en las redes sociales como @ApitxatTikTok, denuncia que le han negado la atención médica por expresarse en su lengua materna. «Me han dicho que nadie del centro me podría atender si continuaba hablando en mi lengua, en mi pueblo», narra en su cuenta de Twitter.
El joven, también estudiante de Medicina, califica la situación de «indignante» y ya ha puesto en conocimiento de la Plataforma de la Llengua la supuesta discriminación, al mismo tiempo que Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística de la Generalitat, le ha ofrecido los servicios de la Oficina de Derechos Lingüísticos. Además, otras entidades como Escola Valenciana también se han dirigido al paciente para ofrecerle asesoramiento.
La repercusión que ha registrado el tuit del tiktoker valenciano evidencia la disparidad de opiniones que envuelve la polémica sobre el requisito lingüístico para los funcionarios. Mientras que muchos usuarios de Twitter apoyan su denuncia, otros recalcan que en una situación de urgencia médica es más importante la propia atención sanitaria que el idioma que se utiliza.
Denuncias en Sanidad
Durante el último mes, el número de denuncias por presunta discriminación lingüística en la Sanidad valenciana ha aumentado de manera sustancial. El pasado mes de octubre, un paciente fue multado con 600 euros por haber «alterado el buen funcionamiento de un centro de salud» en Alfafar, por haber hablado en valenciano a su médico, quien le denunció por no dirigirse a él en castellano.
Esta sanción se sustenta en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza; no obstante, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana confirmó que el caso iba a ser revisado y que el denunciado podría presentar alegaciones. Asimismo, el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, quiso quitar hierro al asunto aludiendo que «es altamente probable que el médico llevara poco tiempo, que no fuera de nuestro entorno y no tuviera la capacidad para hacer una anamnesis en valenciano».
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Justo diez días después, un nuevo paciente denunció un caso por discriminación lingüística en un ambulatorio de Alicante, donde supuestamente una administrativa le obligó a dirigirse a ella en castellano si quería ser atendido: «O me hablas en castellano o no podremos atender a tu hija».
Al respecto, la plataforma Escola Valenciana elevó una queja al Síndic de Greuges -equivalente al Defensor del Pueblo-, a la Oficina de Derechos Lingüúisticos de la Generalitat y a la Conselleria de Sanidad, departamento que ha negado los hechos. La propia entidad ha elevado una queja por presunta discriminación lingüística al Síndic de Greuges -equivalente al Defensor del Pueblo valenciano-, a la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat y a la propia Conselleria de Sanidad.
No obstante, el departamento dirigido por Miguel Mínguez ha negado los hechos y ha asegurado que ningún empleado del centro de salud de San Blas negó la asistencia a ningún paciente el pasado viernes 21 de octubre. «No es admisible que te hagan elegir entre atender a tu hija o poder expresarte en tu propia lengua», condenó la entidad.
Por su parte, la asociación Hablamos Español ha reclamado a la Generalitat el cumplimiento de la ley de señalización en castellano para los centros sanitarios y hospitales de la Comunidad Valenciana, en base a la Constitución Española, sentencias del Tribunal Constitucional y tratados internacionales ratificados por España.
Sobre esta cuestión, la agrupación considera que «la Administración Pública, a la hora de elaborar concretas políticas de normalización lingüística, ha de encontrar el punto justo de equilibrio entre las necesidades de fomentar y potenciar el uso oficial y social de la lengua cooficial de ámbito autonómico, y los derechos lingüísticos reconocidos a