Público.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado reabrir el caso de Arturo Ruiz, asesinado en 1977 por la Triple A, una organización armada de extrema derecha vinculada al aparato del Estado. En un auto de 18 de septiembre, al que ha tenido acceso Público, los magistrados rechazan la petición de la familia de la víctima de reabrirlo en virtud de la Ley de Memoria Democrática.
En paralelo, la Fiscalía especializada en la materia ha decidido abrir un expediente de seguimiento del caso, a efectos de poder estudiarlo y agotar las vías legales para su investigación, según confirman fuentes de la Fiscalía de Memoria Democrática a este diario.
El 23 de enero de 1977, durante una manifestación en Madrid a favor de la amnistía de los presos políticos, Arturo Ruiz, entonces de 19 años, recibió un disparo por la espalda de manos de Ignacio Fernández Guaza, miembro de los Guerrilleros de Cristo Rey, grupo paramilitar de extrema derecha englobado en la primera guerra sucia del Estado español. Fernández Guaza huyó de España con la ayuda de sectores de la Guardia Civil y nunca fue juzgado.
El arma del crimen pertenecía a Jorge Cesarsky Goldenstein, un argentino afincado en España, miembro de la Triple A, organización hermanada con los Guerrilleros de Cristo Rey, que llegó a reconocer haber asesinado a Arturo Ruiz. Todas las facciones ultraderechistas desde finales del franquismo estaban conectadas entre sí y recibían armas, financiación y consignas del Estado para intentar acabar con la creciente oposición al régimen y frenar la democracia.
Cesarsky sí fue juzgado por el crimen de Arturo Ruiz y resultó condenado por un delito de terrorismo y otro de tenencia ilícita de armas a seis años de prisión, pese a que la Fiscalía había solicitado 21 años de cárcel.
En enero de 2000, la Audiencia Nacional decretó el sobreseimiento libre de la causa respecto de Fernández Guaza por prescripción. La familia de Arturo Ruiz pide que el asesinato sea declarado imprescriptible, al considerarlo un crimen de lesa humanidad, y que se investigue al prófugo y al resto de pistoleros que acudieron a la manifestación armados para atemorizar a los manifestantes; también pide que se aclaren sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado.
Sin pruebas de conexión con la dictadura
El auto que deniega la apertura de las diligencias cuenta con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, en el que no solo discrepa de la decisión mayoritaria de sus compañeros, los magistrados Francisco J. Vieira y Jesús Eduardo Gutiérrez, sino que les recrimina no haber entrado en el debate y no haber otorgado la tutela judicial solicitada, recurriendo al «subterfugio de negar sin más que se den los presupuestos de vigencia» del caso de Arturo Ruiz en la Ley de Memoria Democrática.
Tanto los hermanos de Arturo Ruiz, que presentaron el recurso y que van a recurrir el auto de la Audiencia Nacional, según han confirmado a este diario, como asociaciones memorialistas consultadas por Público protestan porla afirmación del auto respecto a que el asesinato del joven no tendría relación con la dictadura. Dicen los magistrados que esa relación no ha sido probada «ni siquiera indiciariamente» en las actuaciones procesales.
«Por lo tanto —según lo jueces— falla la misma base y sustento sobre el que se pide dicha reapertura de las diligencias y que se investiguen de nuevo, amén de que una vez dictado auto de sobreseimiento definitivo, que en su día quedó firme, no se puede volver a abrir el proceso por los mismos hechos, pues ello iría en contra del principio constitucional de la seguridad jurídica».
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado reabrir el caso de Arturo Ruiz, asesinado en 1977 por la Triple A, una organización armada de extrema derecha vinculada al aparato del Estado. En un auto de 18 de septiembre, al que ha tenido acceso Público, los magistrados rechazan la petición de la familia de la víctima de reabrirlo en virtud de la Ley de Memoria Democrática.
En paralelo, la Fiscalía especializada en la materia ha decidido abrir un expediente de seguimiento del caso, a efectos de poder estudiarlo y agotar las vías legales para su investigación, según confirman fuentes de la Fiscalía de Memoria Democrática a este diario.